A casi tres meses del inicio de las protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini a manos de la policía de la moral, los medios internacionales han confirmado la segunda ejecución en el marco de estas manifestaciones.
A pesar de que el movimiento social se inició tras la muerte de la joven iraní, se ha combinado también con el malestar general por el régimen opresor de la República Islámica, que se ha encargado de intimidar a los manifestantes con condenas a muerte y fuertes castigos físicos. Adicionalmente, las protestas se recrudecieron también debido a la confusión sobre una supuesta disolución de la policía de la moral.
Este lunes se informó a la comunidad internacional que el régimen ahorcó en plaza pública a Majidreza Rahnavard, de 23 años, implicado en el movimiento de protesta antigubernamental y acusado de haber apuñalado a dos miembros de la fuerza paramilitar Basij. Las autoridades le imputaron el cargo de “librar una guerra contra Dios”, el cual es sancionado con pena de muerte desde 1979. El proceso en sí ha producido fuertes críticas de la comunidad internacional y agupaciones defensoras de los derechos humanos. Su ejecución se dio tan sólo 23 días después de haber sido detenido y el acusado no contó con un abogado independiente sino uno provisto por el mismo gobierno que le acusó.
La semana pasada, el régime iraní llevó a cabo la primera ejecución pública: Mohsen Shekari, también de 23 años, fue ejecutado por su participación en las protestas. Amnistía Internacional afirmó que al menos otras 17 personas están en riesgo de ser ejecutadas. Pero el problema no es solo la imposición de la pena de muerte en procedimientos judiciales —aunque cuestionables. En los meses desde que iniciaron las protestas, el régimen han matado a más de 460 personas por uso excesivo de fuerza y brutalidad policial.
