Luego de la polémica por la ausencia de Colombia en la sesión de la OEA en la que se discutieron las consecuencias del régimen nicaragüense por violaciones de derechos humanos, se dio a conocer el rechazo por parte del gobierno de Daniel Ortega a una serie de propuestas planteadas por Gustavo Petro. El periodista nicaragüense William Grigsby, reveló que el gobierno de Gustavo Petro supuestamente estaría negociando acatar el fallo de La Haya (que habla sobre la soberanía marítima de Nicaragua), con la condición de que Ortega liberara catorce presos políticos. Adicionalmente, fungiendo como vocero oficioso de Ortega, afirmó en su programa radial: “No estamos pidiendo nada diferente a que reconozcan el fallo del máximo tribunal del planeta”. La Cancillería de Colombia emitió un comunicado, días después de la polémica por la ausencia de Colombia en la OEA, afirmando que fue por razones meramente estratégicas y humanitarias, más no ideológicas.
Por otro lado, Daniel Coronell mencionó en medios nacionales que el Gobierno estaría intentando negociar con Managua la aplicación de la sentencia para que los pescadores raizales de San Andrés puedan seguir trabajando en las aguas que La Haya le cedió a Nicaragua desde el 2012. Así mismo, fuentes del Gobierno afirmaron ayer en Blu Radio que: “El tema de la liberación de presos políticos y del manejo del fallo de La Haya se han tratado de forma absolutamente independiente”, lo que desmentiría la negociación sobre el fallo del CIJ. Aunque el gobierno lo niegue, les resultó mal la jugada porque sólo obtuvieron rechazo.
