El pasado viernes la Corte Suprema de EE.UU. derogó el caso que despenalizó el aborto en el país desde 1973. Esta decisión afectaría los derechos reproductivos de las mujeres y pondría en riesgo la vida de millones de ellas, principalmente, mujeres empobrecidas o migrantes, que no puedan desplazarse a uno de los veinte estados en los cuales aún es legal la interrupción voluntaria del embarazo.
Con su mayoría conservadora, gracias a los tres jueces designados por Donald Trump durante su gobierno, la decisión fue tomada con 6 votos contra 3. A pesar de que cada estado tendrá la libertad de decidir si el aborto es legal y bajo qué circunstancias, tambiés se limitará a tres excepciones: casos de violación, casos de incesto y/o cuando la vida de la mujer corra riesgo. Según las últimas cifras informadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en 2019, 629.898 mujeres accedieron al aborto en Estados Unidos.
En su opinión concurrente al fallo sobre Roe, el juez Clarence Thomas sugirió que se deben reconsiderar los precedentes de la Corte sobre el debido proceso sustantivo y mencionó tres casos específicos:
- Griswold: en el que se estableció, en 1965, el derecho de una pareja casada a usar anticonceptivos sin interferencia del gobierno.
- Lawrence: en el que la Corte, en 2003, estableció que los estados no podían criminalizar la sodomía
- Obergefell: en el que se garantizó, en 2015, el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse.
Los derechos que se protegieron en estos casos podrían ser los siguientes en ser perseguidos por los conservadores de EE. UU.
