Eduardo Rózsa es uno de los nombres más misteriosos de la política boliviana reciente. De familia húngara y señalado de ser neofascista, hizo parte de uno de varios grupos que se han organizado, con cooperación empresarial y civil, para intentar una apuesta separatista para el departamento de Santa Cruz, una de las regiones más ricas de Bolivia.
Con palanca local, casi llega a ser el director de la Policía de Santa Cruz. Sin embargo, fue asesinado en 2009 en un hotel por el ejército en un operativo “antiterrorista” junto a otros cuatro migrantes simpatizantes políticos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que hubo irregularidades y tortura en el operativo, y que sus particularidades son suficientes para categorizar al menos tres de las cinco muertes, incluyendo la de Rózsa, como ejecuciones extrajudiciales por las cuales el Estado debe hacerse responsable frente a familiares.
