Seguridad según Petro: nueva política para las Fuerzas Armadas

La seguridad tiene un nuevo enfoque según el Gobierno Petro. Iván Velásquez, a la izquierda en la imagen, es el ministro de Defensa que presentó la nueva política pública. A la derecha, soldados en fila y camuflados.
Montaje: Newspresso

La política de seguridad del país es uno de los principales frentes de cambio que espera concretar Petro. Su enfoque tiene dos pilares: la “paz total” y la implementación de un nuevo enfoque para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Ambas cosas quedaron articuladas en el documento presentado ayer por Iván Velásquez: “Política de Seguridad, Defensa y Convivencia ciudadana: Garantías para la Vida y la Paz 2022 -2026”.

¿Cuál es esa nueva política de seguridad?

La nueva hoja de ruta para la defensa nacional es parte de la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo que actualmente atraviesa el Congreso; la misma que resultó de los espacios de diálogo vinculante que el Gobierno adelantó en distintas regiones del país al principio de su mandato.

Otro diferenciador es que parte de un análisis de las particularidades del conflicto armado actual, apartándose así políticas de seguridad previas, más volcadas hacia el antiterrorismo y la lucha contra las drogas. En cambio, la política de “paz total” —diálogos, negociaciones y sometimiento masivo de estructuras armadas— está en el centro de esta apuesta, que interpreta el escenario que vivimos como resultante de la firma del Acuerdo del Teatro Colón, lo que va y lo que falta de su implementación, las transformaciones de los grupos armados desde entonces, los riesgos que corren los líderes sociales en el país y, especialmente, la urgencia de reducir los impactos del actuar militar sobre la población civil y el medio ambiente.

Respecto a esto último, hay apartados dedicados a políticas para el freno de la deforestación y la lucha contra la minería ilegal. Ambas parten de una fase de diálogo para buscar alternativas ofreciendo estímulos a la conservación ambiental en programas conjuntos con los ministerios de Minas y de Medio Ambiente.

Muy bonito, ¿y el narcotráfico?

En cuanto a la política respecto al narcotráfico, la apuesta es focalizar las acciones militares en los narcotraficantes y no en los eslabones pequeños de la cadena. Para ello, además de insistir en que no usarán glifosato, recurrirán a dos políticas paralelas: de un lado, se ponen la meta de romper el récord de incautaciones de cocaína, alcanzando las 830 toneladas anuales, mientras se incentiva la destrucción de laboratorios y el corte de cadenas de suministros químicos; de otro, habrá un programa piloto e intensivo de inversión en sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en cuatro municipios de alta concentración: El Tarra (Norte de Santander), Olaya Herrera (Nariño), Villa Garzón (Putumayo) y Argelia (Cauca).

¿Y los militares?

Hay un compromiso de revisar las políticas de ascensos y acceso a la educación oficial. Además, se preveen mejoras de condiciones laborales para fomentar la entrada de potenciales soldados profesionales al sistema y avanzar en el desmonte del servicio militar obligatorio.

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