La administración Biden puso en marcha una estrategia para suspender Título 42, una política sanitaria que fue utilizada para expulsar, de forma inmediata, a los migrantes que llegan a la frontera sur, todo justificado en la pandemia del coronavirus. La decisión fue tomada después de que un juez federal le diera un máximo de cinco semanas, como plazo, al Departamento de Seguridad Nacional para acabar con la norma.
Lo esperable es que cuando la norma Título 42 —establecida por el expresidente Donald Trump con el objetivo de evitar la introducción de enfermedades contagiosas en Estados Unidos— deje de regir en totalidad, se aplique una nueva política. Se trata del Título 8, la cual permitirá que los migrantes soliciten asilo en los puertos de entrada, manteniendo, en todo caso, la potestad del Gobierno para deportar y penalizar a quienes no cumplan los requisitos establecidos y, en consecuencia, sean considerados inadmisibles. Se espera que también se reduzcan los tiempos de procesamiento.
Así las cosas, la principal diferencia entre las normativas se encuentra en que, mientras que la primera permitía resolver la deportación en 15 minutos, sin espacio para el asilo, la segunda obliga a las autoridades a trasladar a los civiles indocumentados a centros de detención durante varias horas, en donde podrán pedir refugio en el país. Esta transformación supone un gran desafío para la administración Biden, pues se está configurando en un contexto de fuerte crisis migratoria.
