Después de 17 años de discusión, se aprobó en la ONU el tratado de conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina fuera de aguas bajo jurisdicción nacional. Antes de la resolución, cualquier país podía, en teoría, hacer lo que quisiera con esas aguas, que constituyen aproximadamente el 60% del océano.
Así las cosas, el tratado permitirá la delimitación de áreas marinas para su protección, priorizando el mantenimiento de la biodiversidad y cumpliendo, en una primera instancia, el objetivo de proteger, al menos, el 30% del océano para el año 2030. A grandes rasgos, también se regularán los recursos genéticos marinos y se realizan evaluaciones regulares de impacto ambiental para ciertas actividades económicas —como explotación minera o la instalación de cables submarinos—, mientras se promueve la cooperación entre países para la protección de los ecosistemas marítimos.
A pesar de que ya se llegó a un consenso sobre la realización del tratado, su adopción formal tendrá que esperar un poco más de tiempo, pues todavía falta que un grupo de técnicos garantice la uniformidad de los términos que se utilizan en el acuerdo para, después, traducirlo a todos los idiomas oficiales de la ONU. Adicionalmente, algunas naciones —como Rusia— declararon una aceptación parcial con la posibilidad de reabrir algún punto en el futuro, pues la revisión minuciosa de todos los apartados se dificultó debido a las duras condiciones presentadas en las últimas horas de revisión y el retiro prematuro de algunos expertos.
