La Organización Trump fue declarada culpable de fraude fiscal por un tribunal de Nueva York. La empresa fue condenada por los diecisiete cargos que se le imputaban. Éstos consistían en un complejo esquema mediante el cual la Organización Trump le dio beneficios a sus ejecutivos sin reportarlos en sus libros de contabilidad: recibían apartamentos de lujo, Mercedes-Benz alquilados e incluso el pago de las matrículas de colegios privados para sus familiares. Al no estar declarados, no pagaban impuestos sobre ellos.
Gran parte del caso de la fiscalía se construyó gracias a los testimonios de Allen Weisselberg, director financiero de la organización, y durante mucho tiempo leal servidor de Trump. Weisselberg, que testificó a cambio de un acuerdo según el cual no pasará más de cinco meses en prisión, no implicó directamente a Trump.
Si bien la sanción para la compañía de Trump no es significativa en términos pecuniarios —la multa sería del orden del $1,6 millones de dólares, algo no inconsecuente para una empresa que ha tenido ingresos anuales en los cientos de millones de dólares en los últimos años— el impacto político podría ser notorio. Primero, la condena podría complicar su relación con potenciales donantes políticos que empiecen a mostrar reticencia frente a asociar sus nombres con el líder de una organización tramposa. Segundo, es un importante tropiezo para una campaña que apenas comienza y que les llega en bandeja de plata a sus opositores, quienes sin duda explotaran esta debilidad cuando quieran atacarle. Tercero, este lío jurídico se suma a otros que siguen en la fila como el de los papeles de Mar-a-Lago o el asalto al Capitolio de 2021.
El expresidente, como era de esperarse, descalificó el veredicto señalando que todo se trata de una —por favor leer con la voz de Trump— “politically motivated witch hunt” (cacería de brujas por motivos políticos).
