Después de 30 años de lucha —y espera—, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado Colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica (UP). En ese sentido, el Estado es responsable del asesinato sistemático de más de 6000 integrantes y militantes que pertenecían al partido político, desde 1985 y por más de veinte años.
La UP fue fundada en 1985 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Partido Comunista Colombiano, como una propuesta de paz a partir de los Acuerdos de la Uribe entre el gobierno del expresidente Belisario Betancur y la guerrilla. Anteriormente, el Estado colombiano ya había aceptado la responsabilidad sobre su exterminio de manera parcial. Sin embargo, existía una controversia jurídica —referente al número de víctimas— que mantuvo el proceso estancado por bastante tiempo, pues sólo se había hecho reconocimiento internacional sobre 219 víctimas; número que, si bien es bastante alarmante, es una fracción ínfima de la cantidad real.
Tampoco había claridad sobre si la responsabilidad del Estado era o no indirecta. En esta ocasión, al contrario, la CIDH fue explícita en señalar el carácter directo de la influencia de los agentes estatales sobre el exterminio de la UP. Según la sentencia, hubo una alianza entre grupos paramilitares con sectores de la política tradicional, la fuerza pública y los grupos empresariales para aniquilar el partido. Además, también se estableció que la violencia que sufrieron no tuvo solo efectos físicos, sino que también acabó sus posibilidades como asociación política; en consecuencia, también hubo una violación al reconocimiento de su personería jurídica.
Entre las acciones pensadas para la reparación, la Corte ordenó poner en marcha una comisión para la constatación de la identidad y parentesco de las víctimas. Así mismo, instó al Estado a iniciar, reabrir, dirigir y, dependiendo del caso, continuar las investigaciones, para establecer la verdad de los hechos relativos a las violaciones de los derechos humanos que sufrieron los integrantes de la UP, todo esto en un plazo no mayor de dos años. Se espera, además, que se gestione una búsqueda rigurosa para encontrar el paradero de las víctimas desaparecidas, mientras que se le brinda tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo requieran.
