Desde el pasado domingo la comunidad de Indiana se unió a otras que también lidian con las secuelas de los tiroteos masivos que golpean a Estados Unidos: un hombre abrió fuego en un centro comercial en Greenwood, dejando a 3 muertos y a 2 heridos. Este último tiroteo se suma a la conmoción nacional y mundial que viene dejando el reciente aumento de la violencia armada en ese país.
Por otro lado, este lunes, Payton Gendron, sospechoso de la masacre de Buffalo donde murieron diez afrodescendientes, se declaró inocente de los crímenes de odio relacionados con el uso y la posesión de armas. Podría enfrentar la pena de muerte en caso de ser hallado culpable. La imputación recoge que premeditó y planificó un “acto de terrorismo” basado en la “teoría del gran reemplazo”, una teoría de conspiración de la extrema derecha supremacista, y buscando su difusión. Asimismo, el lunes empezó la fase penal del juicio donde se decidirá el futuro de Nikolas Cruz, quien mató a diecisiete personas en el tiroteo de Parkland hace cuatro años. Cruz aceptó su culpabilidad el año pasado. Estos juicios son procesos poco habituales, pues en la mayoría de los tiroteos masivos sus autores acaban muriendo por decisión propia o a manos de la policía.
Estos tres casos nos brindan un panorama de la venta, el manejo y la visión que se tiene de las armas. Gendron, quien no solo perpetró un crimen de odio contra la comunidad afroamericana, sino que lo convirtió en un evento mediático al transmitirlo en vivo, deja mucho qué pensar de la forma en la que actualmente nos aproximamos a estos hechos y la subsistencia de la violencia racial. Por otra parte, a pesar de su historial psiquiátrico y de advertencias sobre su peligrosidad, Cruz pudo comprar de forma legal un rifle semiautomático. Finalmente, declaraciones como la de Jim Ison, jefe de la policía de Greenwood, quien elogió la intervención de un civil legalmente armado que abatió al autor del tiroteo, dándole fin al ataque, pueden ser contraproducentes, pues pueden significar el enaltecimiento del uso de armas por parte de civiles y no por parte de personal entrenado y capacitado para ello.
Este reciente aumento en la ola de violencia armada pone al debate sobre la regulación de armas como prioridad en un país donde se producen alrededor de 40,000 muertes al año por armas de fuego, según Gun Violence Archive. Tanto que, por primera vez en casi veinte años, un comité de la Cámara de Representantes someterá a votación un proyecto de ley para prohibir los fusiles de asalto. Recordemos que hace un mes, paralelo al fallo reciente que anuló Roe vs. Wade, la Corte Suprema de Justicia expandió una de las decisiones anexas a la segunda enmienda, permitiendo el porte de armas en público.
