El gobierno de Brasil inició una campaña para expulsar a miles de mineros ilegales que se habían establecido en la reserva indígena más grande del país, para realizar sus actividades ilícitas y lesivas para el medio ambiente. Así las cosas, por medio de la intervención de agentes ambientales, la destrucción de aviones y la confiscación de armas, se espera que el territorio de la comunidad yanomami de la Amazonía pueda liberarse y recuperarse.
Miembros de Ibama —la agencia de protección ambiental de Brasil—, con el apoyo de la agencia indígena Funai y el Ministerio para los Pueblos Indígenas, lanzaron la operación a inicios de semana, enviando tropas para que establecieran una base a lo largo del río Uraricoera, teniendo en cuenta que los mineros ilegales de estaño y oro utilizan el río y de docenas de pistas de aterrizaje ilegales para abastecer todos sus puestos de avanzadas en las tierras yanomamis. Según un comunicado oficial del gobierno brasileño, la brigada ambiental habría logrado destruir un avión, una excavadora y un helicóptero que utilizaban las mafias mineras para trazar y andar caminos clandestinos a través de la selva.
Los mineros de oro ilegales —conocidos como garimpeiros— llegaron a las tierras yanomami entre los años 1970 y 1980, justo después de que la dictadura militar de 1964 a 1985 llevara a que los brasileros empobrecidos poblaran la región. Tiempo después, una protesta mundial condenó la invasión y el “genocidio colectivo” que sufrieron los indígenas del territorio, lo que provocó que el gobierno reaccionara. Como consecuencia —en una operación llamada Selva Livre—, miles de mineros fueron sacados de las tierras a principios de 1990, mientras que Fernando Collor de Mello —presidente de esa época— cercaba un territorio protegido de 9,6 millones de hectáreas para los nativos.
No obstante, el 2018 trajo consigo la elección de Jair Bolsonaro como presidente. En dicho contexto, el mandatario criticó fuertemente la reserva acusándola de injustificada e improductiva. Durante su gobierno, además, se disparó la deforestación del Amazonas, al mismo tiempo que se debilitaron todas las agencias ambientales e indígenas del país; gracias a eso, al menos 25.000 mineros llegaron nuevamente al territorio yanomami, trayendo con ellos violencia y enfermedades. La operación de esta semana —totalmente impulsada por la nueva administración de Lula da Silva— sigue desarrollándose en Brasil como un esfuerzo contundente de detener el desastre ambiental y humanitario que ha atravesado a las tierras y las comunidades indígenas a lo largo de los últimos años.
